El precio del alquiler sigue cayendo en Cataluña tras la regulación en 140 municipios en cumplimiento de la Ley de Vivienda. Coincidiendo con el primer año de vigencia de la norma en la comunidad, el Govern ha hecho públicos los datos oficiales de los tres primeros trimestres de aplicación (de abril a diciembre de 2024). Las cifras, obtenidas de las fianzas depositadas por los caseros en el Instituto Catalán del Suelo (Incasòl) indican que el precio de las rentas bajó un 3,7% en los municipios declarados tensos y, concretamente, un 6,4% en la ciudad de Barcelona. Y se han firmado mil contratos nuevos cada mes, 3.070 de octubre a diciembre. Para detallar los datos, han comparecido conjuntamente en Barcelona la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez; la consejera de Territorio, Sílvia Paneque, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Los tres con carteles en sus atriles donde se leía: “Menos precio del alquiler, más estabilidad de los contratos”. La ministra ha llamado a “todas las comunidades a declarar zonas tensionadas y aplicar la regulación” y ha pedido “a los caseros que bajen un 5% el precio del alquiler, con lo que podrán bonificarse hasta un 90% de la declaración del IRPF”.
La ministra Rodríguez ha subrayado que “la Ley de Vivienda funciona” y ha confiado en que “sea inspiración” para más ciudades y comunidades, con una alusión directa al Partido Popular, para que “bajen los precios del alquiler y dar estabilidad a los ciudadanos que han elegido vivir de alquiler”. Sobre las futuras ciudades o comunidades que se disponen a declarar zonas tensas y regular los precios ha citado Navarra “de forma inminente”, “algunos municipios” del País Vasco y la existencia de trabajos previos en Asturias, Galicia y Canarias. En cambio, ha lamentado el “boicot de la presidenta de la Comunidad de Madrid” para que el alquiler se regule en municipios de su territorio, donde hay “hasta nueve Ayuntamientos peleando para ser declarados zonas tensas con iniciativas legislativas populares”.
La consejera Paneque ha celebrado una regulación “que tiene un impacto positivo y permite que los catalanes puedan vivir en Cataluña a un precio razonable”. Y en tono conciliador ha asegurado que “ha operado en un equilibrio entre el respeto al interés patrimonial y el derecho a la vivienda, da seguridad jurídica tanto a propietarios como a inquilinos”. La consejera ha reconocido también “el esfuerzo” del anterior Govern, de ERC, encabezado por Pere Aragonès y con Ester Capella como consejera, por tramitar la controvertida y compleja aplicación de la regulación.
Por parte del ejecutivo de la capital catalana, el alcalde ha celebrado lo que ha calificado de “buenas noticias, datos para la esperanza en una ciudad que está soportando precios inasumibles para quedarse a vivir en la ciudad: 68% de incremento en los últimos diez años”. El edil ha presumido de que Barcelona es la única ciudad de España que regula los precios y afirmado que asistir a la caída de rentas en paralelo al aumento de contratos muestra que “no se ha reducido la oferta de pisos de alquiler”.
Antes de la regulación, en los 140 municipios declarados tensionados, los precios el alquiler habían tocado techo, en medio de una crisis de vivienda que en los últimos meses ha llevado a los vecinos de varias ciudades a manifestarse exigiendo bajadas de precio allí donde no se aplica la regulación. Desde octubre, la regulación está vigente en 131 municipios más, sobre los que la Generalitat solicitó la condición de áreas de mercado tenso. En total, agrupan al 90% de la población catalana.
Un 45% más de contratos de alquiler de temporada
Uno de los efectos que ha producido la intervención pública del mercado ha sido la proliferación de contratos de alquiler de temporada (habitualmente de un año), que permiten esquivar la regulación. También de esta modalidad hay cifras oficiales, aunque con toda seguridad están lejos de representar la realidad, porque muchos no se registran. Con datos del Incasòl, suponen menos de un 15% de los nuevos contratos de alquiler que se formalizan y durante el año 2024 se registraron 4.187 contratos de temporada más que el año anterior, un 45% de aumento.
Preguntada por la regulación del alquiler de temporada, la ministra ha presumido de que España es el primer país que aprobó un real decreto sobre los alquileres de corta duración atendiendo al reglamento de la Unión Europea. “La hoja de ruta está en marcha, con el registro [de estos alquileres], que estará listo a finales de junio e implicará que podamos observar a los que no son legales, para actuar como hace la Generalitat, sancionando el fraude”.
