Hay una clase de gobernantes en la que Pedro S. es figura señera; no aspiran a gobernar, sino a mandar y tienen como un don aunque solo sea una maldición la facultad de envilecer todo lo que tocan y a todos los que nombran. Esto se debe en general a su inclinación a rodearse de sus iguales: mediocres si él es mediocre; ignorantes si lo es él y corruptos como él mismo. Pero llegan más lejos. Hay casos en los que los poseedores de una biografía profesional curiosa empiezan a contaminarse en cuanto son señaladas con su dedo, ‘Grande y Marlasca‘, no hace falta que dé más nombres.
Hoy es noticia uno de esos tipos a los que escoge por ser un alter ego: Álvaro García Ortiz, a quien nombró fiscal general del Estado, propuesto para el cargo por su antecesora, Dolores Delgado, que tampoco debió serlo: era la primera vez que un presidente nombraba al frente del Ministerio Público a quien todavía era su ministra de Justicia y no precisamente por haber desempeñado la función con brillantez; el Congreso de los Diputados la reprobó tres veces como ministra.
La Fiscalía General debería imponer la condición que antaño exigían los anuncios en las ofertas de trabajo: abstenerse medianías. García Ortiz era un fiscal mediocre, con una biografía sin destellos, como Lola Delgado era una fiscal del montón. Él era fiscal de Medio Ambiente en Santiago de Compostela hasta que en 2020 fue ascendido a fiscal de Sala por la Delgado y dos años después lo propuso para sucederla.
Trece de los 35 fiscales de Sala han remitido una carta al fiscal general invitándose a que se lo piense y dimita por el bien de la institución. Ya era causa suficiente estar investigado por la comisión de un delito tan grave para un funcionario como la revelación de secretos de un particular, pero lo es mucho más que en su comparecencia ante el juez instructor del Supremo se niegue a responderle y solo conteste a las preguntas de su abogado, que es el abogado del Estado. Tenemos el contradiós de que la fiscal en la causa sea muda porque es teniente fiscal a las órdenes de Gª Ortiz. Dos de los firmantes han sido antes fiscales generales: Consuelo Madrigal y Mª José Segarra. Habrían sido más los firmantes si no fuera porque Gª Ortiz y Delgado se aplicaron a nombrar fiscales a tutiplén entre los suyos, atendiendo más a la ideología que al mérito y a la capacidad, como pasaba con ellos mismos. Pero aun así se equivocan: Mª José Segarra era miembro de la UPF y fue seguramente esa la razón de que la eligiera Lola, sin tener en cuenta que además era decente. También era de la UPF Almudena Lastra, la fiscal Superior de Madrid que está trayendo por la calle de la amargura al fiscal general.
Pinta mal el futuro de Don Álvaro, pero se lo tienen encomendado a la fuerza del sino, Cándido Conde Pumpido, empeñado en convertir el Constitucional que preside en órgano de casación del Tribunal Supremo. Y no lo es. Dice la Constitución en su artículo 123: «El Tribunal Supremo es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales». Prueba evidente de la voluntad del legislador es que el Poder Judicial cuya cúpula es el Supremo, se regula en el Título VI, mientras el Constitucional, que no forma parte del Poder Judicial se trata en el Título IX
