El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha rechazado la propuesta enviada por Hacienda sobre el nuevo sistema de financiación, que será tratado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del próximo 26 de febrero y con el que se pretende eliminar las variables de despoblación y orografía ante el «consenso», argumentan, de la gran mayoría de comunidades autónomas.
«Todas las comunidades autónomas son partidarias de descartar la variable de despoblación del sistema de financiación, a excepción de Cantabria, Aragón y Castilla y León (La Rioja no se pronuncia al respecto). Así, teniendo en cuenta las observaciones presentadas, parece haber un amplio consenso en descartar esta cuestión», explica el informe elaborado por los técnicos del Ministerio, en el que también se indica una postura similar respecto a la orografía.
Azcón, que, de aprobarse esta propuesta, vería como su región pierde cada año 422 millones de euros que estarían destinados a cubrir servicios sociales, considera que la proposición es un «insulto» por parte de la ministra María Jesús Montero y que esta decisión «está estrechamente relacionada con los acuerdos del Gobierno de España con sus socios independentistas». Así, denuncia que esos criterios «no atienden a la justicia» y «se suman a otros privilegios, como la mal llamada condonación de la deuda o el cupo catalán». Por todo ello, el barón popular sostiene que esta es una situación «extremadamente preocupante», ya que estamos ante «el peor momento de la historia de Aragón en lo que a financiación se refiere».
Para abordar la situación, el presidente autonómico iniciará una ronda de contactos con todos los líderes políticos de la comunidad bajo el objetivo de «establecer un frente común que defienda los intereses de los aragoneses». Entre ellos estará la nueva secretaria general del PSOE regional, Pilar Alegría, quien ya ha recogido el guante y ha confirmado que «por supuesto» que irá a esa reunión.
Además, ha querido corregir que la nueva propuesta «no elimina absolutamente nada», sino que trata de «renovar el modelo anterior» y emplazar a todas las comunidades a debatir en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera». También ha señalado que «antes de buscar la paja en el ojo ajeno, el PP debería hacerlo en el propio, ya que con su voto en contra a la senda de la estabilidad y a las entregas a cuenta, han sido más de 500 millones de euros los que no han llegado a Aragón».
La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, tampoco confía en que el próximo Consejo tenga resultados positivos para su comunidad autónoma. La baronesa del PP está convencida de que el Gobierno acudirá al encuentro con la intención únicamente de ofrecer nuevos «chantajes» y «privilegios» para el «separatismo catalán».
Tras resaltar que aún no conoce los asuntos que se van a desarrollar en el encuentro porque aún no le ha llegado el orden del día, ha destacado que su consejera de Hacienda y Administración Pública acudirá al encuentro con el objetivo de «defender los derechos de los extremeños y de los españoles». En este sentido, ha subrayado que Extremadura «no va a pasar por los privilegios, por la desigualdad, por la injusticia y por pisotear la Constitución«.
Preguntada María Guardiola sobre la posibilidad de una quita generalizada de la deuda de las comunidades autónomas, ha advertido que únicamente espera «chantajes, porque es lo que hace este Gobierno normalmente», pero ha querido dejar claro que «Extremadura no va a pasar por ahí» y va a «defender lo que le corresponde, que son muchas cosas».
En este sentido, Guardiola ha subrayado que su consejera propondrá en la reunión que se hable sobre «el déficit en infraestructuras», un nuevo modelo del sistema de financiación, porque el que se encuentra en vigor está «caduco desde hace más de 10 años» y además «no mide de manera correcta el coste de la prestación de los servicios» que prestan las comunidades autónomas.
