El PP movilizará a sus más de 3.300 alcaldes y a sus 11 barones en una estrategia aún más acusada contra la okupación de viviendas. Así lo harán, según fuentes de Génova, en el marco del plan de vivienda de los populares, cuyas líneas maestras presentó ayer Alberto Núñez Feijóo. Frente a quienes critican al PP por avalar el nuevo decreto ómnibus, que contiene medidas para no desahuciar a familias vulnerables, Feijóo anunció ayer un plan de protección a los propietarios contra la okupación y la «inquiokupación». «Un okupa no es un vulnerable, un okupa está delinquiendo. Vamos a legislar para que quede clara esta diferencia es imprescindible. El blanqueamiento tiene que acabar ya», enfatizó.
Pues bien, una de las medidas principales de ese plan será la «erradicación de las okupaciones ilegales de viviendas públicas destinadas a quienes las necesitan». Es decir, hacer un inventario de todas las viviendas de titularidad regional o local que actualmente están okupadas, y convertirlas en la prioridad más inmediata de la legislación del PP. Y hacer presión en el Congreso para que se haga lo mismo en el ámbito nacional, toda vez que la Administración Central es la que más okupas tiene, a tenor de los datos que maneja el PP.
Según el principal partido de la oposición, en España hay 78.800 viviendas afectadas por la okupación, de las cuales más de 3.600 eran de la Sareb en 2024. En el último informe del llamado «banco malo», se cuantificaba en esa cantidad el número de inmuebles estatales que tenían como ocupantes a familias que no cumplen los requisitos para ser consideradas vulnerables o que no están dispuestas a regularizar su situación.
El PP exige un «desbloqueo inmediato de la Ley contra la Okupación para que los delincuentes sean desalojados en 24 horas y aumenten las penas». Esta iniciativa podría lograr el apoyo de la mayoría de la Cámara Baja si Vox y Junts se suman a los 137 diputados populares. De hecho, el Senado ya votó a favor de aprobar una proposición de ley de los populares en este sentido, pero la Mesa del Congreso la mantiene aún en stand by, sin llevarla a pleno para su tramitación y alargando los plazos de enmiendas.
La dirección de Génova ya transmitió en diciembre que estaba convencida de que sus iniciativas sobre okupación pueden salir adelante: «El PNV y Junts tendrán complicado no votar a favor, y no podrán votar que no». La clave que juega a su favor es el precedente del Senado: tanto el PNV como Junts se abstuvieron en la votación de la Cámara Alta sobre la proposición de ley antiokupas del PP. De repetirse ese voto en el Congreso, el texto se aprobaría con más síes que noes.
De hecho, Junts ha presentado otra iniciativa antiokupación en el Congreso, según avanzó ayer La Razón, en la que propone desalojos en 48 horas e impedir «dilaciones en la recuperación posesoria por la alegación de vulnerabilidad por parte de los ocupantes ilegales del inmueble». Esto refuerza la aritmética de la ofensiva de la derecha parlamentaria en este ámbito.
El partido de Feijóo quiere poner también el foco en los impagos de alquiler, que son los que provocan siete de cada 10 desahucios. Por eso, una de las propuestas principales del plan es «ampliar las ayudas al alquiler a las familias vulnerables y con hijos a cargo».
Además, este viernes el PP registrará su nueva proposición de Ley de suelo, «para dar seguridad jurídica a los planes urbanísticos». Y para «abrir un tiempo de excepción para los próximos 48 meses», agilizar la construcción y rehabilitación de vivienda y crear en ese periodo la figura del «proyecto residencial estratégico», que deberá reservar «obligatoriamente» la mitad de los inmuebles a vivienda asequible o precio tasado.
Es decir, durante cuatro años, habrá una vía rápida para construir o rehabilitar pisos si al menos el 50% de los inmuebles tiene protección pública. De esta manera, los alquileres podrían bajar hasta un 30%, asegura el líder de la oposición. Feijóo aseguró que su partido se volcará en la reducción de todos los trámites burocráticos, como ya están haciendo las comunidades autónomas en las que gobierna. «Nuestra propuesta es eliminar trabas con toda la intensidad posible con la agilidad imprescindible», dijo, antes de reiterar su propuesta de silencio positivo a los tres meses.
De esta manera, el plazo de construcción de nueva vivienda, que hoy está «en 10 años de media», según Feijóo, se rebajaría «a cuatro años». «La próxima semana presentaremos a los jóvenes el programa completo de ayudas que prevemos para ellos con el fin de facilitar la adquisición de su primera vivienda», anunció también, antes de quejarse de que tanto el Gobierno como Vox hacen «oposición al PP», y que él no «acepta lecciones de Vox» ni del PSOE. El líder de la oposición cargó duramente contra Santiago Abascal.
