La versión ofrecida ayer por el fiscal general del Estado incluyó el cuestionamiento de la declaración que como testigo había ofrecido días antes la fiscal Superior de Madrid, Almudena Lastra. En particular, del episodio entre ambos que apuntaba a Álvaro García Ortiz como filtrador del correo en el que la pareja de Isabel Díaz Ayuso reconocía dos delitos fiscales.
«Según cogí el teléfono, le dije ‘Álvaro, ¿has filtrado la nota?’. Me dijo ‘eso ahora no importa’». García Ortiz negó que esa conversación, relatada así por Lastra, se hubiera producido. No creía, explicó en su declaración como imputado en el Tribunal Supremo, que «nadie» se dirigiera al fiscal general del Estado «en esos términos».
A preguntas de su defensa, que ejerce la Abogacía del Estado, el fiscal general resaltó que resulta conocida la animadversión de la fiscal Superior a la actual cúpula de la Fiscalía.
A este supuesto motivo para que declarara lo que el investigado niega, García Ortiz añadió otro: que también la fiscal Superior de Madrid había recibido la información que luego se filtró. Por tanto, ese encontraba en «la misma situación» que el hoy imputado por la filtración y, por tanto, era comprensible que quisiera desmarcarse. Junto a la sugerencia de que Lastra podía haber filtrado el documento, añadió que estaba convencido de que no había sido así.
La fiscal jefe de Madrid, Almudena Lastra.
Esa pregunta-acusación de la fiscal Superior es uno de los elementos que señalan a García Ortiz, como lo es el mensaje del fiscal general que su subordinada aportó a la investigación: «Si dejamos pasar el momento nos van a ganar el relato». Desde la conversación de abril, el fiscal general y la fiscal superior no han vuelto a tener contacto.
Mientras que como testigo Lastra compareció con la obligación de responder a todas las partes y decir la verdad, García Ortiz pudo optar por contestar, diciendo la verdad o no, sólo al abogado del Estado que lleva su defensa. En sus respuestas, se desvinculó reiteradamente de las dos filtraciones investigadas por el Supremo: la del expediente tributario de González Amador y la del correo con la oferta de pacto del novio de Isabel Díaz Ayuso.
Sobre el primero de sus movimientos que se relacionan con la filtración, explicó que el 7 de marzo reclamó desde la Fiscalía General el expediente de González Amador porque había periodistas que ya se habían interesado. El encargado de la gestión fue su mano derecha, el teniente fiscal Diego Villafañe, imputado y citado la próxima semana.
El expediente se filtró el día 12. Al día siguiente, EL MUNDO publicó la información de que la Fiscalía había ofrecido un pacto a la pareja de Díaz Ayuso, respaldándola con el correo que así lo reflejaba. Este diario no publicó, por no estar confirmada, la tesis de que al fiscal del caso se le había ordenado frenar ese acuerdo para perjudicar así a la dirigente popular. Sobre este aspecto -que sí se publicó en otros medios- García Ortiz negó haber dado orden alguna, así como haber querido perjudicar específicamente a González Amador.
En cuanto a la segunda filtración, García Ortiz declaró que conoció la noticia de EL MUNDO cuando estaba en su casa. Contactó inmediatamente con la fiscal jefe provincial de Madrid, la imputada Pilar Rodríguez, para que le enviara la documentación. En ella se incluía un correo previo de la defensa de González Amador ofreciendo reconocer los delitos fiscales.
El fiscal general pidió a la fiscal jefe que le enviara la documentación a su cuenta personal de Gmail. Según dijo ayer, porque el correo oficial de la Fiscalía iba con más retardo y era más incómodo que el particular para mirar desde el móvil.
En sus sucesivas negativas, García Ortiz rechazó igualmente haber filtrado el correo al Gobierno o su entorno. En sus resoluciones, el juez instructor ha dejado abierta la vía de la participación de La Moncloa en la filtración, con el objetivo de perjudicar políticamente a Ayuso.
El juez enmarca los hechos en el artículo 417 del Código Penal donde se persigue a «la autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados».
Los informes de la UCO revelaron que en el teléfono del fiscal general no había mensajes en las fechas de los hechos investigados y que el imputado había cambiado de terminal el 23 de octubre, unos días después de que el Supremo le abriera la investigación y pocos días antes de que la Guardia Civil registrara su despacho. Él ha venido alegando que eliminó los mensajes por seguridad.
Este miércoles, García Ortiz declaró que desde que es fiscal general ha cambiado hasta seis veces de terminal. La última de ellas, el pasado 23 de octubre. El teléfono nuevo lo había recibido en realidad cinco meses antes.
De forma simultánea a la declaración, los servicios informáticos de la Fiscalía General informaron al juez de que García Ortiz no devolvió ningún teléfono cuando en octubre cambió de terminal y borró todos los datos de mensajería instantánea. «No consta en esta sección recepción de dispositivo móvil alguno», como tampoco que «haya sido solicitada su devolución» por parte de la Administración, indica la respuesta al juez Hurtado. El magistrado también quería saber si, en caso de conservarse el teléfono antiguo, se había formateado, es decir, si se había borrado toda su información. Al no disponer del teléfono, no hay respuesta en este punto.
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