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Sumar y otros socios rebaten la estrategia de dilación de Sánchez y piden aprobar con urgencia nuevos decretos sociales

Los dos sectores del Gobierno de coalición chocan en la estrategia con la que embridar la crisis que ha surgido con la caída del decreto ómnibus en el Congreso. Mientras el PSOE dilata a propósito una respuesta a la revalorización de las pensiones, las ayudas al transporte público o al escudo social para intentar poner a la ciudadanía en contra del PP, Sumar desautoriza a su aliado y le urge a reaccionar «rápidamente» con un «nuevo real decreto» que pueda atajar las consecuencias desatadas.

El socio minoritario del Gobierno rebate, pues, el plan de Pedro Sánchez de buscar que el voto negativo del PPse vuelva contra Alberto Núñez Feijóo como un bumerán y mete prisa para solventar ya la incertidumbre -e incluso el miedo- que se ha apoderado de pensionistas, viajeros y población más vulnerable por este caos. «Hay que volver a recuperar estos derechos al día siguiente», apremió ayer al Gobierno el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo.

La urgencia que plantea Sumar para convocar un Consejo de Ministros extraordinario con el que dar una solución a la crisis está respaldada por prácticamente todo el arco parlamentario del Congreso. Desde Junts a Podemos, los partidos que apoyaron la investidura de Sánchez rechazan que el PSOE juegue en una estrategia partidista en busca de rédito y conminan al presidente del Gobierno a reaccionar ya. Entre éstos están partidos poco sospechosos de deslealtad con el PSOE en las votaciones como Bildu, ERC o BNG. También se une a estas presiones de los socios Coalición Canaria.

De esos aliados del Gobierno, Podemos alzó la voz para alertar al PSOE del «altísimo daño social» que se va a empezar a generar. Así que empujó con fuerza al Gobierno a moverse porque es «imprescindible» que reactive «a la mayor brevedad» las medidas que decayeron con la votación perdida en el Congreso.

Pero la pregunta no es sólo cuándo, sino también cómo. La primera parte de la ecuación ha quedado clara ya, «cuanto antes», pero en la segunda hay más diversidad de opiniones entre los socios del Gobierno. Sumar no se mete por ahora en el fondo de esto. La dirigente Elizabeth Duval habló ayer en general de todas las medidas, sin priorizar las que tienen ya el consenso de los grupos. Mientras que el sector de IU se refirió a «nuevos decretos», de lo que podría interpretarse una separación de asuntos en diferentes textos.

Esto es importante porque hay grupos, como ERC, que no verían «ningún problema» a que los temas se voten por separado. Es decir, pensiones por un lado, ayudas al transporte por otro, prohibición de desahucios, etc. Eso desatascaría, sin duda, algunos de los asuntos más mediáticos porque el PP y Junts ya han dicho que votarían a favor.

En cambio Podemos quiere un único pack de medidas del «escudo social» para evitar que la prohibición de los desahucios esté en riesgo de ser tumbada por la mayoría de derechas del Congreso. Así, fuentes moradas instan al Gobierno a aprobar «un único decreto» que contemple la prórroga de los descuentos al transporte público, la prolongación por un año de la suspensión de los desahucios de gente vulnerable por impago de alquiler y la suspensión inmediata de la agilización de los desahucios de okupas -que se aprobó en una ley a iniciativa del PNV-.

El BNG presiona a Sánchez para salvar la revalorización de las pensiones y las bonificaciones al transporte público en un nuevo decreto y asegura que la votación del Congreso «no puede ser la excusa» para abandonar a los ciudadanos. Por eso se subraya que el Gobierno «tiene el deber de aprobar un nuevo texto que recoja estas ayudas», tal y como, además, tiene comprometido con ellos.

En cuanto a Coalición Canaria, Fernando Clavijo reclamó a Sánchez que «de manera rápida» impulse otro decreto que «tenga garantías de convalidación», es decir, que sepa que tiene el apoyo de la mayoría para prosperar. Por lo que le apremió a negociar «de manera rápida».

El origen de la crisis está en el abuso del decreto ómnibus. El cajón de sastre donde se mezclan temas para forzar a no votar en contra. Sumar admite que el Gobierno ha hecho de esta estratagema un «exceso».