La Guardia Civil subraya la «influencia social» y la «capacidad corruptora» de la trama de hidrocarburos que supuestamente defraudó 182 millones de euros y que llevó a prisión al empresario Víctor de Aldama junto a su socio Claudio Rivas.
«En la última década se han detectado numerosas organizaciones criminales especializadas en operar en el sector de los hidrocarburos, dando lugar a varios procedimientos, principalmente, en la Audiencia Nacional por este motivo», expone el Instituto Armado en uno de los atestados que conforman el sumario que instruye el juez Santiago Pedraz y al que ha tenido acceso EL MUNDO. «En concreto, en los que haya participado esta unidad de la Guardia Civil, un total de 10».
«Que las presuntas organizaciones criminales aparejadas a estos procedimientos habrían defraudado millones de euros», prosiguen los investigadores, es una «circunstancia que aporta a estas estructuras criminales no sólo poder económico sino influencia social y capacidad corruptora».
Apunta la Guardia Civil que «en este procedimiento en concreto se ha detectado una presunta organización criminal que, operando en el sector de los hidrocarburos, desde septiembre de 2002, por el momento ha acumulado un fraude de IVA de 182.513.923,15 euros».
La Unidad Central Operativa (UCO) enmarca el fraude fiscal millonario entre los años 2022 y 2024, «concretamente entre noviembre de 2022 y febrero de 2024» y sitúa como «codirectores» a los empresarios Claudio Rivas y Víctor de Aldama y como «subdirectora» a María Luisa Rivas. «En un segundo plano estarían las personas dispuestas por la presunta organización criminal y de las cuales se sirve ésta para el desarrollo de sus actividades defraudatorias, realizando funciones de cooperación, coordinando operaciones, creando sociedades interpuestas, representando a mercantiles del entramado societario». «Todo ello dirigido por los directores indicados anteriormente, siendo éstos cooperadores».
Asimismo, continúa el atestado policial, «la presunta organización criminal posicionó a una serie de personas al frente de mercantiles interpuestas al objeto de figurar como administradores de derecho de las mismas». En este apartado identifica a al menos once supuestos «testaferros» que gravitan en torno a la sociedad Villafuel, «mercantil básica y esencial» que «fue dispuesta para llevar a cabo el presunto fraude». «Sin su presencia el fraude no se habría producido», enfatiza la Guardia Civil.
