El Partido Popular ha activado sus resortes de presión al Gobierno para que, sin más retrasos, autorice ya la publicación del segundo informe del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), que evalúa la implementación de las recomendaciones que ha de activar España sobre prevención de la corrupción y conflicto de intereses en los altos cargos.
El documento que hace el seguimiento del cumplimiento por parte de España de las 19 recomendaciones del órgano del Consejo de Europa fue aprobado en la sesión plenaria del GRECO celebrada los días 27 de noviembre a 1 de diciembre de 2023, de manera que su publicación está bloqueada por el Gobierno desde hace más de un año, tal y como publicó ayer EL MUNDO.
Los populares, pendientes desde hace meses de que el examen salga por fin a la luz, registraron el pasado 11 de diciembre en el Congreso cuatro preguntas dirigidas al Gobierno, firmadas por los diputados Pablo Hispán y Belén Hoyo, con petición de respuesta por escrito, interesándose por el citado retraso y reclamando al Ejecutivo que explique las razones por las que continúa sin autorizar la publicación del segundo informe de evaluación realizado por el Grupo de Estados contra la Corrupción. La respuesta del Gobierno aún no ha llegado.
El equipo que dirige Miguel Tellado en el Congreso también se interesa por conocer el estado actual del V Plan de Gobierno Abierto (2024-2028) y qué medidas específicas incluye para abordar los conflictos de interés y la corrupción en el sector público. En este sentido, urge al Ejecutivo a aclarar si tiene previsto abordar en dicho plan y «de manera específica, las preocupaciones sobre el caso de Begoña Gómez, en relación con los posibles conflictos de interés y cómo planea garantizar una mayor transparencia en situaciones similares». El Gobierno, en la información que trasladó al Consejo de Europa explicaba que el V Plan de Gobierno Abierto tenía como objetivo consolidar y reforzar «los mecanismos de integridad de las instituciones públicas, en particular mediante el desarrollo de una estrategia u hoja de ruta anticorrupción para todo el sector público».
Los populares apuntan, no obstante, que, pese a los reiterados avisos de GRECO y de la Comisión Europea, «el Gobierno ha realizado pocos o nulos avances» en relación con las recomendaciones clave sobre prevención de la corrupción y conflicto de intereses y señalan principalmente la adopción de un código de conducta para el Gobierno y los altos cargos «independiente y accesible» así como el «refuerzo de la independencia de la Oficina de Conflictos de Intereses».
Las conclusiones del primer informe que se realizó sobre España señalaban que no se había cumplido satisfactoriamente con ninguna de las 19 recomendaciones contenidas en el documento de evaluación. En concreto se apuntaba que sólo siete se habían cumplido «parcialmente» en tanto que las doce restantes se incumplían.
Las conclusiones del segundo informe son las que se desconocen porque el Ejecutivo aún no ha autorizado su publicación. En el PP se muestran convencidos de que el retraso se debe a que el examen es nuevamente poco favorable y el análisis pondría aún más en evidencia los casos de presunta corrupción en el entorno del presidente del Gobierno que han estallado en el curso del ultimo año.
En el PP apuntan como claros agravantes de los incumplimientos de España en materia de lucha contra la corrupción, las investigaciones en torno a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, actualmente imputada por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional o las que afectan a David Sánchez, hermano del presidente, imputado por delitos contra la Hacienda Pública, la Administración Pública, malversación, prevaricación y tráfico de influencias, se suman a la también imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta revelación de datos confidenciales de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
