El juicio contra el ex comisario José Manuel Villarejo en la Audiencia Nacional por sus negocios con Repsol y CaixaBank ha dado comienzo este lunes dejando fuera como responsables civiles a ambas entidades.
Ese es el resultado de que las acusaciones particulares hayan decidido reservarse las acciones civiles -reclamación de indemnizaciones- para el futuro, descartando reclamarlas en el procedimiento penal que se comienza a juzgar. La Fiscalía Anticorrupción, atendiendo a esa decisión de los presuntos perjudicados, ha acordado retirar también sus reclamaciones económicas.
El resultado es que la presidenta de la Sección Cuarta de lo Penal, Teresa Palacios, ha informado a los representantes de Repsol y CaixaBank que quedaban fuera del juicio y que podían abandonar la sala.
La vista oral que ha dado comienzo tiene sentados en el banquillo, entre otros, al ex comisario y a los ex responsables de seguridad de las dos compañías, acusados de contratar al comisario cuando aún estaba en activo para labores de investigación. En particular, para espiar las actividades del ex presidente de Sacyr Luis del Rivero en las fechas en las que intentó tomar el control de Repsol de la mano de Pemex.
Esta investigación sobre el proyecto Wine se ha tramitado como pieza separada número 21 del caso Tandem, centrado en las actividades de Villarejo.
Anticorrupción pide 28 años de prisión para Rafael Araújo (Repsol) y 21 para Miguel Ángel Fernández Rancaño (CaixaBank) por dos delitos de cohecho, cinco de revelación de secretos y otro de falsedad documental. Para Villarejo la pena solicitada es de 40 años y medio de cárcel. A su socio, Rafael Redondo se reclaman 32 años y medio, y a la mano derecha de Araújo en Repsol, Rafael Girona, 21 años.
Los entonces máximos responsables de Repsol y CaixaBank, Antonio Brufau y Isidro Fainé, llegaron a estar imputados, así como ambas sociedades como personas jurídicas. Finalmente, el juez instructor, Manuel García Castellón, les dejó fuera del juicio y las entidades quedaron relegadas al papel de responsables civiles subsidiarias. Es decir, responsables de afrontar las indemnizaciones impuestas en caso de eventual condena si los culpables directos no hacían frente a ellas.
La acusación particular ha insistido ante el tribunal en la necesidad de que tanto Brufau como Fainé declaren como testigos, por su participación en primera persona en estos hechos. Ambas testificales fueron descartadas en su día por el tribunal.
Que hayan quedado fuera del banquillo «no quita que su participación exista», ya que «participaron en la contratación» de Sacyr, la empresa de Villarejo, según ha sostenido el abogado Jaime Campaner. No se puede «fingir» que ambos «ya no forman parte del tablero procesal», aunque sea ahora como testigos, ha añadido.
El juicio, que está previsto que se extienda hasta el mes de marzo, se ha iniciado con varias sesiones dedicadas a las cuestiones previas, en el que las partes plantean asuntos procesales antes de dar inicio a la fase de prueba.
Según el escrito de acusación, en octubre de 2011 los responsables de seguridad contactaron con Villarejo y, «a sabiendas de que se encontraba en servicio activo como Comisario del Cuerpo Nacional de Policía y que podía servirse de dicha condición para llevarla a cabo -entre otras cosas por el acceso que desde su posición tenía a información de carácter reservado tanto en poder de la propia Policía Nacional como en poder de entes privados-, le encargaron una investigación inicialmente dirigida a recabar toda la información posible sobre Luis del Rivero Asensio, incluyendo aquella relacionada con sus actuaciones relativas al pacto que, como presidente de Sacyr Vallehermoso, había alcanzado con el Grupo Pemex para tomar de facto el control de Repsol».
