La rogatoria enviada por el Tribunal Supremo a Google y WhatsApp para recuperar los mensajes clave del móvil del fiscal general del Estado son para la Comunidad de Madrid, gobernada por el Partido Popular, una prueba más de que la situación de Álvaro García Ortiz es «insoportable» y debe dimitir por la filtración de datos confidenciales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso que investiga el Alto Tribunal.
«¿A quién incriminan esos mensajes?», se preguntaba este lunes el consejero de Presidencia y Justicia madrileño, Miguel Ángel García Martín, que definió como «profundamente lamentable» que e fiscal general del Estado se deshiciera de su móvil en plena investigación judicial, lo que ha llevado al juez a remitir sendas peticiones a ambas tecnológicas para que aporten a la causa la información que conserven del teléfono de García Ortiz.
A ojos del consejero autonómico, «todo apunta a La Moncloa» en este caso, motivo por el que Isabel Díaz Ayuso dice ser víctima de una «operación de Estado» contra ella para tratar de debilitarla a nivel político. Pero en la Comunidad de Madrid también genera un importante malestar que la imputación de García Ortiz y las informaciones que se conocen cada día sobre el caso no supongan la dimisión del fiscal general del Estado: «Este fiscal no puede continuar ni un minuto más», reclamó Miguel Ángel García Martín.
Una exigencia que llega en plena ofensiva política por parte de la izquierda madrileña contra Ayuso precisamente por este caso. Más Madrid, líder de la oposición, anunció este domingo que ha registrado la solicitud de comparecencia de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, en la Comisión de Sanidad de la Asamblea.
Por su parte, el PSOE pondrá el foco en el jefe de Gabinete de la presidenta regional, Miguel Ángel Rodríguez, días después de que declarase en el Supremo como testigo. Ahora, los socialistas han preparado una batería de preguntas en la cámara madrileña para aclarar hasta qué punto Ayuso «dio la orden» para que Rodríguez «iniciara su defensa» a González Amador y «para que se realizase el envío del bulo a una lista de periodistas».
Iniciativas todas ellas que la Comunidad de Madrid minimiza por ahora. «Más Madrid nos tiene acostumbrados a ser la muleta del sanchismo en nuestra región. Quieren echar tinta de calamar para que no se hable de los casos de corrupción que afectan al Gobierno de coalición», opinó el consejero de Presidencia y Justicia al respecto.
