La presidenta del Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo, Isabel Perelló, ha convocado para el próximo 5 de febrero un Pleno extraordinario para abordar de forma monográfica la propuesta que este órgano debe remitir a las Cortes sobre el cambio de modelo de elección de los vocales de procedencia judicial del órgano de gobierno de los jueces.
El CGPJ tiene de plazo hasta el próximo 6 de febrero para dar cumplimiento a lo establecido en la Disposición Adicional de la Ley Orgánica 3/2024 de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En la citada disposición se pidió a este órgano la emisión de una propuesta donde se establezca la «participación directa» de jueces y magistrados en la elección de los 12 vocales judiciales del Consejo.
La disposición añadía, además, que se deben «examinar los sistemas europeos de elección de los miembros de los Consejos de la Magistratura análogos al Consejo español» y «conforme a lo dispuesto en el artículo 122 de la Constitución», es decir, garantizando su independencia, establecer «la participación directa de jueces y magistrados que se determine» y que «pueda ser evaluada positivamente por el informe del Estado de Derecho de la Comisión Europea, en la que se establezca un Consejo General del Poder Judicial acorde con los mejores estándares europeos».
Para dar cumplimiento a esta disposición adicional, el pasado mes de octubre se creó en el Consejo un grupo de trabajo compuesto por los vocales los vocales Bernardo Fernández, Argelia Queralt (del sector progresista), Carlos Orga e Isabel Revuelta (del bloque conservador).
De momento, tal y como informa este lunes EL MUNDO, ambos sectores del CGPJ no han logrado alcanzar un acuerdo porque si bien el pasado mes de diciembre la negociación se encontraba encauzada, el bloque designado por el PSOE rechaza aceptar que 8 de los 12 vocales sean elegidos por los jueces sin la intervención decisiva del Parlamento.
Fuentes conocedoras de las conversaciones mantenidas entre progresistas y conservadores en las últimas semanas explican que el inicio de acuerdo (por ahora frustrado) pasaba, precisamente, por que ocho de los 12 vocales judiciales fueran elegidos directamente por los propios jueces, sin que el Parlamento hiciera examen de idoneidad alguno sobre ellos. En tanto, respecto de los otros cuatro se buscaría una fórmula con mayor protagonismo de las Cortes. Así se respetaría la «participación directa» de los jueces sobre el Consejo pero también el papel decisivo del Parlamento en la designación de este órgano constitucional (los ocho vocales juristas ya son elegidos por el Congreso y el Senado y así seguirá siendo).
Distintas fuentes explican que el pacto se estaba gestando en la misma línea que la propuesta realizada por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo sobre esta cuestión, que fue remitida el pasado mes de diciembre al CGPJ. Sin embargo, en una reunión que tuvo lugar el pasado 10 de enero, los representantes del sector progresista comunicaron a los conservadores que los miembros de su grupo no estaban dispuestos a aceptar que ocho vocales fueran elegidos directamente por los jueces.
Desde entonces, las conversaciones han encallado aunque ambas partes esperan reconducir las mismas porque son conscientes de que lo «deseable» y «procedente» es llevar al Pleno una única propuesta que «recoja las dos almas» en torno a esta cuestión.